Blog

Lo más desmoralizante es que hasta la fecha cada una de las administraciones, ya sea estatal, autonómica o local, campa por sus fueros sin coordinación alguna entre ellas

No cabe duda de que el acceso, disponibilidad y precio de la vivienda en España se está tratando como un problema nuevo cuando, en realidad, siempre ha estado presente con diferente dimensión en razón de circunstancias sociológicas, políticas y económicas. Asturias y Gijón no se libran del actual naufragio habitacional y de los extremos que lo rodean. La realidad resulta escalofriante, y lo peor es que nadie se atreve a poner el cascabel al gato en aras de conseguir un acercamiento en la descorazonadora brecha entre la oferta y la demanda.

Todos sabemos que resulta imprescindible aumentar la construcción de viviendas públicas para tratar de resolver el actual problema de la escasez habitacional. Lo más desmoralizante es que hasta la fecha cada una de las administraciones, ya sea estatal, autonómica o local, campa por sus fueros sin coordinación alguna entre ellas. Por ello, y a través de este espacio que me cede El Comercio, estimo obligado traer a colación la figura pública de las Actuaciones Protegibles en Materia de Suelo. Esta se enmarcaba en el desarrollo histórico de las políticas estatales de vivienda, frecuentemente asociadas a los Planes de Vivienda de los años noventa y posteriores. En aquel contexto, el Estado desplegó importantes recursos económicos cuyos destinatarios fueron, en su mayor parte, administraciones, entes gestores públicos, mixtos e incluso sociedades privadas. El objetivo era la preparación y transformación de suelos con fines residenciales, principalmente para la construcción de viviendas con distintos tipos de protección. El objeto en sí mismo de estas actuaciones era facilitar el acceso a la vivienda y ordenar el territorio a través de la colaboración entre administraciones, con la participación del sector de la construcción y con la financiación de las entidades de crédito.

Ejemplos de actuaciones urbanísticas bajo esta modalidad, soportadas en la mayoría de las veces con el amparo jurídico de la declaración previa de Reserva Regional de Suelo por el propio Principado, las desarrolló la hoy inutilizada Sogepsa en los grandes desarrollos residenciales de Corvera, en Avilés; Montevil, en Gijón; y Las Corredorias, en Oviedo, donde se puso a disposición de las principales empresas constructoras suelo suficiente para la construcción de miles de viviendas protegidas. También el sector privado utilizó la válida herramienta pública con fórmulas imaginativas como fueron las uniones entre promotoras. Considero necesario reseñar igualmente que si en los años referenciados el problema de grandes bolsas de suelo finalista fue una dificultad que en parte se resolvió con la ayuda estatal, no es menos cierto que ulteriores decisiones políticas tomadas a partir de 2013 generaron un cambio de rumbo, a mi juicio equivocado. Sucedió al abandonarse la financiación pública destinada a desarrollos de suelos que hubieran contribuido a crear solares para la construcción de vivienda protegida. En su lugar se priorizaron actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural, y ayudas directas al demandante de vivienda, como las de alquiler. Sin duda, todas acciones muy necesarias, pero que no impedían la simultaneidad con otras ayudas al desarrollo de suelos.

Hoy todos los indicadores muestran que, quince años más tarde, nos encontramos con el mismo problema: la falta de gestión, promoción y desarrollo de suelo para construir un ingente y necesario número de viviendas públicas y también protegidas, escalón que en este momento es imposible superar sin la ayuda del Estado. A este respecto, queda la esperanza de que en el Plan Estatal 2026-2030 en tramitación (una vez que ha superado el periodo de información pública) pueda contemplarse una ayuda similar. De cara al objetivo perseguido de gestionar suelo suficiente, sería deseable que el beneficiario pudiese ser cualquier entidad pública o privada que se comprometa con el desarrollo y urbanización del ámbito correspondiente, y que la ayuda fuese proporcional al número de viviendas de protección del ámbito contemplado. De igual manera, las comunidades autónomas deberían actualizar los módulos de V.P.O., incrementando los precios máximos por metro cuadrado hoy absolutamente desfasados. Concluir que cualquier medida dirigida a que se dinamice la gestión y a la construcción de Viviendas de Protección Oficial siempre tendrá extraordinaria acogida por parte de aquellos asturianos demandantes de una primera vivienda y, de manera especial, por la gente joven.

Santiago Miyares González-Coto

Socio colaborador de Compromiso Asturias

El Comercio

Las opiniones expresadas son del autor, no reflejan necesariamente la posición de la organización.