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El desmantelamiento de la parte asturiana de la línea Lada-Velilla debería ir precedido de un estudio de la garantía de suministro

El Gobierno del Principado de Asturias ha dado su autorización, con Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) incluida, al desmantelamiento de los 52 kilómetros de la parte asturiana de la línea eléctrica de alta tensión Lada-Velilla.

La razón del abandono de este proyecto, autorizado en 1986 y que nunca entró en servicio, se debió a un conjunto de causas: la falta de determinación política, la fuerte contestación social (27.000 alegaciones), la crisis económica de 2010 y el abandono por Iberdrola del proyecto de construir un ciclo combinado en Lada. El anuncio en 2017 del cierre de las centrales de carbón de Lada y Velilla supuso el fin del proyecto.

La sociedad asturiana, o al menos los que nos interesamos por el futuro industrial de Asturias, querríamos saber si la aceptación por el Gobierno de Asturias del desmantelamiento de la línea ha sido precedida de un estudio serio acerca de la garantía de suministro de electricidad para la industria asturiana, no la de hoy, sino la que deberíamos tener en los horizontes y ambiciones fijados por la Unión Europea para 2030 y 2050. El planeamiento de la red eléctrica de transporte, a la que habrá de conectarse la nueva generación eléctrica renovable, y la nueva industria, supone un cambio radical de paradigma para Asturias, debido a la modificación de los nodos de la red, al cambiar sustancialmente tanto la generación como la demanda eléctrica.

Por el lado de la oferta de electricidad, la llamada «transición justa» ha llevado al cierre de las centrales termoeléctricas de carbón, manteniéndose temporalmente los ciclos combinados de gas, como «respaldo» de la generación renovable hasta que existan alternativas a los mismos conectadas a la red eléctrica que cubran la variabilidad del recurso renovable. Las centrales de gas marcan el precio de la electricidad en el mercado mayorista, sin la competencia de la generación con carbón. Con una generación nuclear amenazada desde la política, el precio marginal se dispara, sin visos de que disminuya. La generación eléctrica renovable es intermitente, siendo el almacenamiento eléctrico fundamental para la estabilidad de la red. Sin embargo, el desarrollo de parques de baterías para almacenamiento, dada la falta de regulación urbanística y técnica, es objeto de especulación por parte de los inversores, en una alocada carrera por obtener puntos de conexión, lo que genera una creciente contestación social. Ello sin tener en cuenta cuál va a ser el alto coste de la electricidad «despachada» desde las baterías.

La estrategia europea del «Pacto verde» considera las interconexiones eléctricas como infraestructuras esenciales para conseguir los objetivos de la transición energética. En línea con este principio, el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) preveía una inversión en redes para el período 2021-2030 de 52.360 millones, que es el 17% de los 308.000 millones que prevé el PNIEC 2023-2030.La inversión anual en redes de transporte y de distribución está regulada y topada, respectivamente, en el 0,065% y en el 0,13% del PIB nacional, consecuencia de una regulación de 2013, que hoy día carece de sentido. Su modificación es objeto de consulta y alegaciones, en tanto que es previsible el aumento de los vertidos de energía renovable por desajustes en la red eléctrica. La inversión en redes de transporte en 2023 fue de 825 millones, manifiestamente insuficiente para cumplir los ambiciosos objetivos del PNIEC 2023-2030.

Del lado de la demanda eléctrica, la transición industrial y la electrificación de la economía, aún cuando se están produciendo a menor ritmo del planificado, llevan consigo un aumento creciente del consumo. La transición industrial de Asturias requiere de la descarbonización de su industria básica. No hacerlo conduciría a una continua e inexorable reducción de capacidades productivas. La incorporación del horno eléctrico en Arcelor, la generación de hidrógeno con electricidad verde, los centros de datos, vehículos eléctricos, bombas de calor , etc. conllevarán un alto consumo de electricidad de origen renovable que ha de llegar a Asturias de las regiones de sol y viento, y si la razón técnico-económica imperara en el Congreso de los Diputados, también de la energía nuclear de la que disponemos y que está amenaza de cierre. El potencial de electricidad renovable generada en Asturias apta para suministro de carga base a la industria por medio de mecanismos tales como los PPA (Acuerdos bilaterales de compra de electricidad) o de CfD (contratos por diferencias), es prácticamente nulo. Sin redes adecuadas de transporte, la desindustrialización sería la consecuencia. Si en muchas partes de España se puede firmar un PPA a 30-40 euros/MWh con conexión directa a un parque fotovoltaico, en el caso de Asturias, no se firmaría un PPA con conexión directa a un parque eólico marino flotante por menos de 200 euros /MWh.

Quien haya tenido ocasión de leer el PNIEC 2023-2030, habrá podido constatar que el desmantelamiento de interconexiones eléctricas es contrario a los principios y objetivos del mismo. La principal obligación de los gobiernos en materia de energía es garantizar el suministro, y que éste sea seguro, accesible y competitivo. Todos los expertos a los que hemos consultado confirman que el desarrollo de redes inteligentes e interconectadas es uno de los mayores retos de la transición energética y una condición sine qua non para cumplir el PNIEC. A mayores, para que la transición energética sea justa, la primera condición es que Asturias disponga de suficiente electricidad, a precio competitivo y con la calidad requerida.

Asturias se encuentra ante un cambio de paradigma, pasar de ser exportadora de electricidad a importadora. Las razones que hubieran podido llevar a las quejas de amplios colectivos en León y Asturias para que no se autorizara esta línea, no son válidas en la situación actual, ante el posible «imperativo de interés público» de esta infraestructura. Por todo ello, solicitamos la realización de estudios enfocados a evaluar la garantía del suministro eléctrico en Asturias, en el escenario del PNIEC de electrificación de la economía, que analicen el «despacho de generación en un escenario de elevada actividad industrial» y que incluya «análisis probabilistas de garantía de suministro», similares a los del anexo D del PNIEC 2023-2030 realizados por Redeia. La ejecución de las inversiones contempladas en Asturias en el Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica 2021-2026 es imperativo, entre ellas, las relativas al refuerzo de 400 kV para integración de renovables y resolución de restricciones técnicas. Y a mayores, un riguroso trabajo sobre modelos de generación y consumo de la nueva industria para definir las actuaciones a incluir en la Planificación de Inversiones 2026-2030.

Vicente Luque

Socio y miembro del Think Tank Europa de CAXXI

➡ La Nueva España