Europa vuelve a apostar por su industria
Durante muchos años Europa pensó que la industria era algo del pasado. Que bastaba con innovar, regular y abrir mercados mientras otros fabricaban. Pero el mundo ha cambiado y la competencia global es cada vez más dura, las cadenas de suministro se han vuelto frágiles y algunos países compiten con subsidios masivos y reglas mucho más laxas.
La preocupación no es teórica. En los últimos años hemos visto cómo empresas industriales reducían producción o paralizaban inversiones en Europa ante los altos costes energéticos y la competencia internacional. Casos como los de Alcoa o Saint-Gobain han puesto sobre la mesa un debate que ya nadie puede ignorar: sin condiciones competitivas, la industria se marcha.
Europa por fin ha asumido una realidad incómoda: no hay transición verde sin política industrial ni competitividad propia.
Por eso la Comisión Europea ha presentado la nueva Ley de Aceleración Industrial. Puede parecer un nombre técnico, pero en realidad refleja algo mucho más simple: Europa quiere volver a fabricar más en casa y evitar que la transición energética termine provocando cierres industriales o deslocalizaciones.
El vicepresidente de la Comisión responsable de política industrial, Stéphane Séjourné, lo explicaba con una frase muy clara: el dinero de los contribuyentes europeos debe beneficiar primero a la producción europea y a los empleos en Europa.
La lógica es sencilla. Cada año, la contratación pública representa alrededor del 15% del PIB de la Unión Europea. Hablamos de una enorme cantidad de recursos que se destinan a construir infraestructuras, comprar equipamientos o apoyar proyectos industriales. Hasta ahora, ese dinero no siempre reforzaba la industria europea. Con la nueva ley, Bruselas quiere que cuando se utilicen fondos públicos se tenga en cuenta el origen de los productos y su impacto climático. De este modo se crea demanda para estos productos y se incentiva la inversión en tecnologías industriales más limpias.
La norma se centra en sectores estratégicos. Por un lado, las tecnologías limpias que impulsarán la transición energética: baterías, energía solar, eólica o electrolizadores. Por otro, las industrias electrointensivas -acero, cemento o aluminio- que, como bien sabemos en Asturias, son un pilar económico. Sin estos materiales no habría edificios, infraestructuras, redes eléctricas ni automóviles. Tampoco habría transición energética.
Es un paso importante y un cambio de mentalidad en Europa. Sin embargo, la propuesta también ha preocupado a regiones industriales como Asturias.
En el caso del acero, la Comisión plantea que al menos el 25% del acero utilizado en proyectos financiados con dinero público sea bajo en carbono. Pero no exige que ese acero verde se produzca en Europa. Y ahí es donde el sector siderúrgico ha levantado la voz.
La patronal siderúrgica europea ha advertido de que sin reglas claras sobre el ‘Made in Europe’, existe el riesgo de que los fondos europeos terminen financiando acero producido en terceros países en lugar de reforzar nuestra capacidad industrial.
Para Asturias esta cuestión no es menor. La siderurgia forma parte de nuestra historia industrial y sigue dando empleo directo a más de 5.000 personas. Además, las inversiones previstas para producir acero con bajas emisiones -como la futura acerera eléctrica de Avilés o la planta de reducción directa de Gijón- dependen en gran medida de que exista un marco europeo claro y estable.
Si queremos que esas inversiones se materialicen, también es importante crear demanda para el acero verde producido en Europa. Porque la descarbonización de la siderurgia requiere inversiones millonarias y las empresas necesitan señales claras del mercado para dar ese paso.
Promover contenido industrial europeo no significa cerrar Europa al mundo. La Unión sigue siendo una economía abierta y basada en el comercio internacional. Pero necesita defender su industria sin caer en el proteccionismo. Encontrar ese equilibrio -entre apertura y autonomía industrial- es hoy uno de los grandes retos económicos.
La nueva ley también introduce otra novedad importante: condiciones para ciertas inversiones extranjeras en sectores estratégicos. No se trata de impedir la inversión internacional -que Europa necesita- sino de asegurar que cuando llegue contribuya a crear empleo, innovación y valor añadido dentro del mercado europeo.
Además, se incluyen medidas para acelerar los permisos industriales y facilitar la creación de nuevas fábricas en zonas designadas para proyectos industriales. Una cuestión clave, porque uno de los mayores obstáculos para invertir en Europa no es la falta de tecnología o de financiación, sino la lentitud administrativa.
Estamos ante una señal política clara. Un paso en la dirección correcta. Pero lo importante empieza ahora con la negociación en Bruselas entre el Parlamento y los Estados miembros. Habrá que pelear duro y mejorar la propuesta para priorizar el acero verde producido en Europa. De ello depende la viabilidad de la industria asturiana.
Permítanme terminar con una breve reflexión personal. La semana pasada tuve el honor de ser nombrada secretaria de Industria y Energía del Partido Popular de Asturias, dentro de la nueva dirección regional del partido.
Quiero agradecer sinceramente la confianza recibida. Asumo esta responsabilidad con humildad y con un compromiso claro: trabajar para que Asturias tenga voz en los debates industriales que se están decidiendo en Europa.
Susana SolísLas opiniones expresadas son del autor, no reflejan necesariamente la posición de la organización.
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