La política de residuos de la próxima década, pendiente de una alternativa para el combustible sólido recuperado
Once plantas de valorización energética de residuos hay en España. Francia tiene 116; Alemania, 92; Suiza, 29 en un territorio cuatro veces más pequeño. Media Europa ha convertido estas instalaciones en pieza central de su economía circular, tratando entre el 30% y el 40% de sus residuos municipales por esta vía. España apenas llega al 10-11%. Y no es un problema de tecnología: lleva más de una década madura y probada en plantas como la de Leeds. Lo que falta es otra cosa: un vertido artificialmente barato, un rechazo social bien instalado, y ninguna hoja de ruta estatal capaz de sobrevivir a un cambio de legislatura.
Asturias no es una excepción a esta foto; es, sencillamente, su versión más aguda. Vierte el 75,6% de sus residuos, la peor tasa de España, y recicla apenas el 24,35%, muy lejos del 55% que la directiva europea ya exigía en 2025. Con ese punto de partida, la región tiene entre manos una decisión que lleva años aplazando: qué hacer con el combustible sólido recuperado (CSR) que va a generar, inevitablemente, la nueva planta de tratamiento de Cogersa en Serín. Las previsiones del sector apuntan a unas 150.000 toneladas anuales. Ese número, más que cualquier otro, mide lo que está en juego.
La planta cuesta más de lo previsto
La llamada Plantona costó 62 millones de euros y llevaba apenas tres meses en marcha cuando un incendio la calcinó en abril de 2024. Cogersa moviliza ahora más de 92 millones en 2026 para modernizarse, en lo que el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha calificado como «la mayor transformación» de la entidad desde su creación. Las cifras que maneja el Principado no son menores: de las más de 340.000 toneladas anuales de fracción resto que hoy llegan en la bolsa negra, la instalación recuperaría unas 66.000 toneladas de materiales y rebajaría el vertido hasta unas 125.000 toneladas en 2027, un 64% menos que ahora.
Son buenas noticias si se cumplen los plazos, pero dejan intacta la pregunta que de verdad importa: ¿adónde van esas 150.000 toneladas de CSR? Ya hay un precedente incómodo: Cogersa envió 5.600 toneladas a la central de La Robla, en León, y 778 a Aboño, para pruebas de combustión, sin cobrar nada por ello. La gerente del Consorcio lo confirmó en junio, contradiciendo la versión oficial que hasta entonces lo había negado. El propio Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular en Asturias (Pireca) 2024-2030, que el Principado espera aprobar entre diciembre y enero tras someterlo a estudio ambiental estratégico este otoño, apunta a la valorización química como opción preferente. Pero la propia Consejería reconoce que esa vía todavía no tiene soluciones industriales maduras a la escala que Asturias necesita. Mientras tanto, según ha denunciado el PP en la Junta General, parte de ese CSR ya se está enterrando en vertedero: justo la opción que se suponía descartada, y la ambientalmente peor de todas.
Un pleno dividido que no mueve nada
La sesión extraordinaria de la Junta General del pasado 8 de julio dejó bastante claro dónde está el bloqueo. El PSOE apuesta por una valorización energética «desde el sector público» y hasta ha ligado el destino del CSR a la reconversión de la central térmica de La Pereda, en Mieres, presentándola como pieza de una transición justa para Hunosa. Su socio de gobierno, Convocatoria por Asturies, no comparte esa lectura: rechaza de plano la incineración, la asocia a una eventual gestión privada, y pide un cambio profundo en la cúpula directiva de Cogersa. Al PP le parece un «absoluto fracaso» enterrar un combustible que ha costado producir. Foro carga contra el presidente Barbón por lo que considera falta de liderazgo, y avisa del riesgo judicial que pesa sobre La Pereda. En el Grupo Mixto, Covadonga Tomé llama a la combustión «falsa solución» y prefiere apostar por clasificación automática mediante algoritmos. Vox se sitúa en el extremo contrario y pide directamente la incineradora que ya se planteó hace más de una década. De las dos iniciativas que motivaron el pleno –la reprobación de Calvo y la petición de un diagnóstico actualizado del sistema– ninguna prosperó: cayeron ambas por 23 votos frente a 22, con la izquierda sosteniendo el statu quo por el margen más estrecho posible.
Hay además un frente judicial que conviene no perder de vista. La Sentencia 83/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló en enero la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada que permitían a Hunosa quemar CSR en La Pereda. El Principado dejó que la empresa siguiera adelante con las obras, 55 millones de euros de dinero público, a condición de rehacer esa evaluación ambiental; el Conceyu Contra la Incineración ha vuelto a recurrirlo. Levantar la política de residuos de la próxima década sobre un proyecto todavía impugnado ante los tribunales no es prudencia. Es asumir un riesgo que, de momento, nadie quiere reconocer en voz alta.
Lo que nadie expone
Tomar partido ahora mismo por la incineración como solución única sería precipitado: tiene costes ambientales y sociales reales, y el rechazo vecinal en las cuencas mineras no es ruido que se pueda ignorar, sino una señal política legítima que merece respuesta con datos, no con etiquetas. Lo que hace falta es que la decisión se tome con el mismo rigor técnico que exigimos, con razón, a otras políticas industriales asturianas. Un estudio de G-Advisory –encargado por Aeversu, la patronal del sector, conviene aclararlo– calcula las emisiones del vertedero en 772 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada tratada, frente a los 224 kilogramos de la valorización energética: un 245% más. En Galicia, Sogama lleva años valorizando energéticamente el CDR no reciclable, y con ello genera electricidad suficiente para cubrir el consumo del 12% de los hogares gallegos. Ahí hay modelos con más de una década de recorrido que merecerían el mismo escrutinio que Asturias dedica a sus proyectos de baterías, hidrógeno o tierras raras.
Dar por «superado» el debate sin tener lista una alternativa industrial capaz de absorber 150.000 toneladas anuales, mientras ese CSR termina de facto en el vertedero que se suponía íbamos a evitar, tiene poco de economía circular. Es más bien un aplazamiento con etiqueta verde.
El Pireca, antes de aprobarse definitivamente, tiene una tarea pendiente. Debe aclarar qué tecnología de valorización química está realmente madura y en qué plazos podría llegar. Tiene que explicar qué pasa con el CSR mientras esa tecnología todavía no exista, más allá de seguir enterrándolo. Y debe cuantificar qué le costará cada escenario a la tarifa de Cogersa, ya en 82 euros por tonelada, y por tanto al recibo de la basura de los asturianos.
Hay una cuarta pregunta, menos formulada pero igual de urgente: qué mecanismos de financiación de transición justa (ya activos en otras comarcas mineras para proyectos de economía circular) se han solicitado o descartado para levantar la infraestructura de valorización química que el propio plan reconoce como necesaria. Si la respuesta es «ninguno», la región estaría dejando sobre la mesa una vía de financiación que ya ha demostrado funcionar en otros territorios.
La planta está construida. El CSR se va a generar, gane quien gane el debate ideológico. Solo falta decidir, con datos y no con consignas, qué hacer con él
Compromiso Asturias XXI
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