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Cuando obedecer una norma y ser fiel a aquello que la justifica dejan de señalar en la misma dirección

Soy una persona respetuosa. Lo he sido siempre. Prefiero pedir permiso antes que pedir perdón. Creo profundamente en las normas y en las instituciones cuando cumplen su función: proteger a las personas, garantizar derechos, limitar la arbitrariedad y ordenar una convivencia que no puede depender de la voluntad de cada uno. Llevo casi cincuenta años trabajando en la acción socioeducativa y buena parte de ellos dirigiendo equipos humanos e instituciones sociales. Esa experiencia no me ha hecho desconfiar de las normas; al contrario. Me ha enseñado cuánto las necesitamos y, especialmente, cuánto las necesitamos quienes tenemos responsabilidad y poder de decisión.

Porque una institución no puede quedar a merced de la conciencia privada de quien la dirige. Las normas protegen también frente a nosotros mismos, frente a nuestras preferencias, nuestros errores, nuestras simpatías y la tentación de considerar excepcional aquello que simplemente nos conviene. Quien dirige debe saber que no todo lo que considera bueno puede hacerlo y que la legitimidad de una causa no convierte automáticamente en legítimo cualquier medio para alcanzarla.

Precisamente por creer todo esto sé también que puede llegar, excepcionalmente, un momento incómodo y difícil en el que cumplir una norma y ser fiel a aquello que debería proteger dejan de señalar en la misma dirección. No hablo de insumisión, ni de rebeldía, ni de convertir la propia conciencia en una autorización superior. Hablo de algo más exigente: de esos momentos en los que dos obediencias entran en conflicto, la debida a una regla que respetamos y la debida a principios más profundos (dignidad, justicia, protección de una persona) que justifican nuestras instituciones.

No es fácil reconocer esos momentos y desconfío de quien los reconoce demasiado deprisa. La conciencia también se equivoca. Puede disfrazar de ética el orgullo, el interés, la impaciencia o la convicción de que nosotros vemos con una claridad que los demás no poseen. La persona que tenemos delante no es la única a la que debemos justicia. Por eso, antes de apartarse de una norma, hay que escuchar, deliberar, contrastar, buscar alternativas y utilizar, hasta donde la situación lo permita, los caminos ordinarios. La responsabilidad no consiste en sentirse moralmente seguro, sino en discernir con honestidad lo que debemos hacer, sabiendo que podemos equivocarnos.

Pero después de todo eso puede quedar un instante que ninguna norma ni ningún superior pueden resolver completamente en nuestro lugar. Quienes hemos dirigido personas y organizaciones conocemos esa soledad. Alguien puede explicarnos el procedimiento, advertirnos de las consecuencias y tener toda la razón desde el punto de vista formal. Y, sin embargo, podemos seguir viendo a la persona que está al otro lado de nuestra decisión y comprender que protegernos obedeciendo significaría trasladarle a ella todo el coste de nuestra tranquilidad.

Ahí la conciencia nos exige responder en primera persona. No porque sea infalible ni esté por encima de la norma, sino porque la responsabilidad moral es indelegable.

Y precisamente por eso no sale gratis.

Si alguna vez considero que una obligación mayor me exige apartarme de una norma, no puedo utilizar después mi conciencia como salvoconducto. Estar dispuesto a pagar un precio no convierte por sí solo una decisión en justa. Debo explicar lo que hice, dar la cara, aceptar el juicio de quienes tienen responsabilidad para valorar mi conducta y asumir personalmente las consecuencias, incluso cuando concluyan que me equivoqué. También debo reconocer mis errores e intentar reparar el daño. La conciencia no concede impunidad; aumenta la responsabilidad.

Esta diferencia me parece esencial. Saltarse una regla porque resulta incómoda, porque retrasa nuestros objetivos o porque creemos saber más que quienes la establecieron no tiene nada de heroico. Tampoco lo tiene pensar que, si algo sale mal, ya pediremos perdón. El perdón no puede formar parte de la estrategia. Si llega, se agradece; si no llega, habrá que asumirlo. Quien actúa por conciencia no adquiere un derecho especial a ser absuelto.

Cristo conoció y respetó la Ley, pero no permitió que su aplicación se volviera contra la persona para la que debía tener sentido. Sanó en sábado, tocó a quien era considerado impuro, se acercó a quienes quedaban fuera y colocó una y otra vez la dignidad concreta delante de interpretaciones que podían ser formalmente impecables y humanamente insuficientes. Para muchos creyentes, ahí existe una referencia radical. Para quienes no comparten esa fe, la historia ofrece también mujeres y hombres que tuvieron que decidir qué hacer cuando legalidad, obediencia y justicia dejaron de coincidir completamente.

Lo decisivo, para mí, es la responsabilidad que se asume. No me interesan los héroes que se proclaman a sí mismos. Me interesan mucho más las personas que preferirían no encontrarse nunca ante ese dilema, que conocen el valor de las reglas, que han intentado todos los caminos razonables y que, llegado un momento, comprenden que tampoco pueden esconderse detrás de ellas.

He tenido que tomar decisiones sabiendo que el camino formalmente más seguro era también el más cómodo para mí. Decisiones en las que no habría aplausos, en las que podía equivocarme y en las que las consecuencias eran reales. No escribo esto para convertirlas retrospectivamente en gestos heroicos. Algunas seguramente podrían haberse resuelto mejor. Después de tantos años dirigiendo, una de las pocas certezas que conservo es que la experiencia no nos vuelve infalibles; debería volvernos algo más humildes respecto de nuestras propias certezas. Pero también he aprendido que llega un momento en el que decir «cumplí la norma» puede explicar una decisión sin responder completamente a la pregunta moral que esa decisión contiene.

Y existe otra responsabilidad de la que hablamos todavía menos: la responsabilidad de no haber actuado. Estamos acostumbrados a exigir explicaciones a quien cruza un límite. Es razonable. Pero pocas veces preguntamos con la misma severidad por quien, pudiendo evitar un daño, se protegió detrás del procedimiento mientras ocurría delante de él. Cuando existe una vía legítima para evitarlo, recorrerla forma parte del deber, aunque exija más trabajo, más explicaciones o menos tranquilidad. La omisión puede ser también una decisión, y obedecer no siempre nos libra de responder por sus consecuencias.

Esto no significa que cada profesional deba convertirse en legislador de su propia moral ni que las instituciones puedan funcionar mediante excepciones permanentes. Sería insoportable e injusto. Debemos obedecer responsablemente casi siempre. Precisamente por eso, los momentos en que nuestra conciencia nos exige apartarnos de una regla deben ser extraordinarios, graves y costosos.

No se trata, en realidad, de elegir entre obedecer o desobedecer. Se trata de decidir a qué obligación debemos ser fieles cuando dos obediencias entran verdaderamente en conflicto.

He preferido durante toda mi vida pedir permiso. Lo sigo prefiriendo. Quiero instituciones previsibles, profesionales responsables y normas que no dependan de quién ocupe circunstancialmente un despacho. Pero tampoco quiero utilizar la obediencia para ahorrarme la última responsabilidad que acompaña a cualquier cargo: responder personalmente por aquello que hacemos y también por aquello que, pudiendo haber hecho, decidimos no hacer.

Prefiero una ética que incomoda a una obediencia que tranquiliza. Prefiero asumir el coste de haber actuado al peso silencioso de haber mirado hacia otro lado.

Porque al final no se nos preguntará si pedimos permiso ni si el perdón fue concedido. Se nos preguntará algo mucho más sencillo y más duro: si estuvimos a la altura cuando la dignidad llamó a la puerta.