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Quince días. Eso es lo que tardó un grupo de mineros de Mina Miura, en Ibias, en salir del fondo después de encerrarse a 300 metros de profundidad para protestar por el impago de hasta trece mensualidades de salario.

No fue una huelga al uso: fue una señal de alarma enviada desde las entrañas de la tierra a una administración y a una sociedad que, en buena medida, ya había dado por cerrado el capítulo minero de Asturias. El capítulo, sin embargo, no está cerrado. Está enquistado.

Lo que sucedió en Ibias no es un caso aislado sino el síntoma más visible de una enfermedad que lleva años incubándose en el sector.

Con el fin del carbón, los fondos de transición y los planes de reconversión pusieron el foco en lo que venía después. Lo que nadie gestionó bien fue el cierre de lo que quedaba: empresas que cambian de manos sin asumir las deudas laborales, concesiones que circulan como activos financieros desvinculados de cualquier proyecto productivo real, y trabajadores que se enteran de que su empleador ha quebrado cuando ya no tienen a quién reclamar.

En Miura, los sindicatos denunciaron públicamente que los derechos mineros habían pasado de mano en mano sin que ningún titular asumiera las obligaciones salariales acumuladas. Los propios trabajadores acuñaron el término: «empresarios piratas». La expresión dice mucho sobre cómo vive esta situación quien la padece desde dentro o cerca.

El patrón se repite con variaciones en Pilotuerto, en Tineo, donde la empresa NMR entró en concurso de acreedores dejando una explotación paralizada, con los trabajadores en la calle, y que se inunda día a día. Cada litro de agua que entra en la mina es un argumento menos para cualquier inversor que pudiera plantearse reactivarla.

La demora no es neutral: tiene un coste técnico y económico que crece con el tiempo y que, al final, suele acabar en el debe de la administración pública, es decir, de todos.

Cinco muertos y un sistema de inspección al límite

El 2025 dejó en Asturias la peor cifra de accidentes mortales en minería de los últimos años. El accidente en la mina de Cerredo, en Degaña, con cinco trabajadores fallecidos, desencadenó una revisión interna del Principado que terminó con un diagnóstico incómodo: el sistema de inspección era «insuficiente».

Así lo recogió el informe de la Inspección General de Servicios de la Administración autonómica, un documento que puso sobre la mesa lo que muchos en el sector llevábamos tiempo diciendo en privado: el Servicio de Minas del Principado lleva años gestionando una carga de trabajo creciente sin los medios técnicos y humanos necesarios para hacerlo con garantías.

El accidente tiene hoy derivada judicial abierta, con una investigación en curso sobre las responsabilidades penales que pudieran derivarse. Y también política. Pero hablar sobre esa hoy, sin una resolución judicial, no procede, por mucho ruido que algunos se empeñen en meter.

Mientras ese proceso avanza, el efecto sobre la tramitación administrativa es el previsible: más cautela, más lentitud, y una presión institucional que recae sobre cualquier expediente que pase por las mesas del servicio correspondiente.

Hoy, más que ayer, el futuro de todas estas explotaciones es del mismo color que el mineral que intentan extraer para pagar el pan de su sudor: negro.

El Plan Regenera: medicina necesaria con efectos secundarios

Para ordenar el caos, el Principado puso en marcha el Plan Regenera, un programa que refuerza los controles sobre las transmisiones de derechos mineros y eleva las exigencias técnicas y financieras para obtener «nuevas» autorizaciones. El diagnóstico de partida era correcto: el hipotético mercado especulativo de concesiones necesitaba regulación. El problema, según han señalado distintos grupos parlamentarios en la Junta General, es la ejecución.

La acumulación de expedientes sin resolver está actuando como un filtro no deseado que aleja precisamente a los promotores que llegan con proyectos serios y capacidad real de inversión.

Los que especulan con papel no necesitan resolver sus expedientes: los venden antes. Los que quieren construir algo necesitan una respuesta de la administración, y esa respuesta tarda, y mucho. El resultado, paradójico, es que el instrumento diseñado para limpiar el sector se ha convertido, al menos en parte, en un obstáculo para su renovación.

Así, a 200 kilómetros de Ibias, bajo los acantilados del occidente asturiano, duerme uno de los yacimientos de oro más importantes del sur de Europa. Salave, en el municipio de Tapia de Casariego, concentra reservas estimadas en 300 toneladas métricas de metal, con una valoración que la empresa promotora ha situado en el entorno de los 3.000 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado la posición de la Consejería de Ordenación del Territorio: el proyecto no puede llevarse adelante tal como está planteado. El Plan de Ordenación del Litoral y la protección de los acuíferos costeros son los argumentos jurídicos que frenan la explotación, y son argumentos que tienen peso. Pero también la despoblación creciente y el desempleo de esa zona tienen peso.

Lo que queda sin responder aún es si la nueva configuración del proyecto puede ser compatible con esas restricciones, o si la decisión implícita es que el yacimiento permanezca donde está indefinidamente. Es una pregunta legítima que merece una respuesta explícita, por lo menos para los que nos dedicamos a esto, y hasta ahora nadie se ha atrevido a dar. El 2027 está a la vuelta de la esquina.

Hunosa busca su hueco en la Europa de los minerales críticos

En este escenario, el Estado ha intentado dar a Hunosa un papel nuevo: el de empresa pública regional exploradora de minerales críticos que la Unión Europea necesita para fabricar baterías, aerogeneradores y paneles solares sin depender de China o de la República Democrática del Congo. El Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas, en vigor desde 2024, fija para 2030 objetivos ambiciosos de extracción doméstica que dan cobertura política a esa apuesta.

Pero la realidad del día a día de Hunosa es otra. La empresa pública dedica buena parte de sus recursos a la restauración de huecos mineros y al desarrollo de proyectos de energía renovable, a la vez que se encuentra inmersa en una negociación infinita de su plan de empresa con el principal proyecto en entredicho.

Son tareas necesarias y urgentes, pero no son extracción mineral, no garantizan futuro. El salto de empresa en reconversión a empresa estratégica de minerales críticos requiere tiempo, inversión y una hoja de ruta que, de momento, existe sobre el papel, pero no en la práctica. Veremos.

Sin modelo, cada conflicto es el siguiente capítulo

Asturias lleva décadas cerrando minas. Lo que no ha conseguido todavía es cerrar el ciclo: ese momento en que lo que viene después está suficientemente construido como para que lo que queda atrás pueda liquidarse con orden. Mientras ese modelo no exista, los conflictos de Ibias, Tineo o Degaña no son accidentes de un sector en retirada: son el aviso de que la retirada, sin protocolo, se convierte en desbandada. Los valles del Caudal y el Nalón, y los concejos del occidente minero, llevan años esperando algo más que promesas de transición.

Merecen un plan que diga con claridad qué se cierra, qué se transforma, quién paga el coste y en qué plazos. Ese plan, hoy, no está escrito. Y cada minero que se encierra para que alguien le escuche es la prueba de que el silencio administrativo tiene un precio humano que se sigue pagando.