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La ley se asienta sobre datos que incomodan: China controla hoy más del 80% de la capacidad de fabricación solar fotovoltaica a escala global. La dependencia europea en baterías, componentes electrónicos y minerales críticos no es una hipótesis de riesgo; es la realidad que la pandemia y la guerra en Ucrania pusieron crudamente sobre la mesa. El informe Draghi, ese diagnóstico incómodo que nadie quiso leer despacio, advertía que la brecha de competitividad con Estados Unidos y China se había convertido en estructural. La IAA es, en buena medida, la respuesta legislativa a ese aviso.

Los objetivos de la IAA no son orientativos ni aspiracionales. Son vinculantes. El 20% del PIB europeo procedente de manufacturas para 2035; el 40% de la producción de tecnologías net-zero (solar, eólica, baterías, bombas de calor, nuclear) de origen doméstico para 2030. Son cifras que obligan a mover ficha, y rápido, a gobiernos, regiones y empresas. El instrumento más novedoso para lograrlo no es el dinero, sino el tiempo: un proceso digital único de autorización con un plazo máximo de 18 meses para proyectos de descarbonización, con aprobación tácita en fases intermedias si la Administración no responde. Quien lleva décadas batallando contra la burocracia de los permisos sabe lo que eso significa en términos reales.

La ley también dibuja un nuevo mapa de incentivos para la inversión extranjera. Las empresas que traigan más de 100 millones de euros desde países donde un solo Estado controle más del 40% de la capacidad global de fabricación deberán cumplir condiciones estrictas: 50% de empleo europeo local, transferencia tecnológica efectiva y requisitos de contenido local. Bruselas ha abierto la puerta al capital foráneo, pero con llave en mano.

Instrumentos como la RECAPI (Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial) o el programa STEP Scale Up para pymes y empresas medianas en sectores estratégicos apuntan en la dirección correcta. El llamado Sello de Soberanía puede convertirse en un activo de visibilidad real ante inversores privados internacionales.

No obstante, la CNMC ya ha encendido una luz ámbar: las ayudas directas sin concurrencia competitiva que contempla el anteproyecto pueden distorsionar el mercado precisamente cuando más se necesita su integridad. La velocidad no puede ser el argumento que anule la transparencia. Bruselas también debería escuchar esa advertencia: el nuevo marco de ayudas estatales del Clean Industrial Deal State Aid Framework abre la puerta a una carrera de subsidios entre países miembros que podría favorecer a las economías con mayor espacio fiscal —Alemania, Francia— y dejar rezagadas a las que tienen menor margen presupuestario. Ahí es donde España debe pelear con argumentos sólidos en Bruselas.

Los 10.500 millones de euros de valor añadido que la IAA proyecta para la cadena automotriz europea no son una abstracción estadística; son una oportunidad directa para la industria metalúrgica asturiana, que ya provee materiales avanzados a esa cadena. La designación de municipios asturianos como Territorios Industriales y la creación de Zonas de Aceleración Industrial, con infraestructura energética preplanificada y permisos simplificados, pueden dar cobertura legal y operativa a proyectos de hidrógeno verde y captura de carbono que hoy languidecen en cajones de administraciones públicas. La supervivencia de la industria electrointensiva asturiana depende, en buena medida, de que esos proyectos dejen de ser papel.

El reto del talento es igualmente urgente. Las Net-Zero Industry Academies deben aterrizar en Asturias antes de que la desinversión en formación nos deje sin la fuerza laboral que los nuevos sectores demandan. La Mesa de Reindustrialización debe dejar de ser un foro de intercambio de inquietudes para convertirse en un dispositivo de anticipación: reconvertir trabajadores antes de que las plantas cierren, no después.

Primera: las empresas asturianas que aspiren a contratos públicos europeos o a participar en subastas de tecnologías limpias necesitan certificar ya la huella de carbono de sus procesos y el origen de sus componentes. El ‘Made in EU’ ya no es una etiqueta de marketing; es un requisito legal que determinará quién puede concursar y quién queda fuera.

Segunda: las pymes tecnológicas deben orientar sus planes de negocio hacia el programa STEP y su Sello de Soberanía. Incluso quien no obtenga financiación directa gana visibilidad ante inversores privados internacionales. En un entorno de tipos de interés aún elevados, esa ventana de captación de capital tiene un valor que no puede ignorarse.

Tercera: las autoridades asturianas y españolas deben presionar para que las cuotas de materiales bajos en carbono superen los mínimos que fija la UE. El 25% de cuota para el acero verde que contempla la norma es considerado insuficiente incluso por asociaciones sectoriales europeas. Si España y Asturias lideran una exigencia más ambiciosa, estarán protegiendo su propia inversión en descarbonización frente a competidores que juegan con estándares más laxos.

La IAA marca el fin de la neutralidad comercial europea. Europa ha escogido la resiliencia sobre la eficiencia a corto plazo. Es una apuesta que puede fracasar si los actos delegados son ambiguos, si la carrera de subsidios fragmenta el mercado interno o si la burocracia regional devora las intenciones de Bruselas antes de que lleguen al suelo. Pero también es la apuesta más ambiciosa que este continente ha hecho por su base industrial en treinta años.

Asturias tiene la infraestructura, la tradición industrial y, sobre todo, la necesidad de que esa apuesta salga bien. Lo que le falta, como siempre, es velocidad. El tablero ha cambiado. Toca mover ficha.