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César Rodríguez Nozal (Gijón, 1974) es socio fundador de la Agencia La Playa. Su equipo organiza para el día 29 de este mes un gran coloquio sobre la situación de la vivienda en Gijón, con la presencia de técnicos de ámbito estatal, autonómico y local, para impulsar una hoja de ruta sobre cómo garantizar un derecho hoy cada vez más caro.

En Gijón la escalada de venta de viviendas se frena en comparación con concejos vecinos y más baratos. ¿Qué ocurre?

Ese efecto de mancha de aceite lo están sufriendo todas las ciudades de más de 100.000 o 150.000 habitantes. Viene generado por la falta de vivienda asequible o de protección, que, por lo menos en Asturias, no se ha impulsado en los últimos 12 años, al menos no en un volumen suficiente. En 2017 había casi 5.000 viviendas en el mercado y para volver a los precios de ese año, entonces, tendrían que ofertarse hoy unas 3.700 más de las que tenemos. Y ni están ni se las espera, sumado a que en Gijón hay una sobredemanda del 22% respecto a la media desde 2004.

¿Esa sobredemanda a qué se debe?

En un 80 por ciento a segundas residencias y lo restante a inversión. Más o menos. Y lo que se viene ahora es una crisis inflacionaria donde parece que todo sube menos los sueldos.

Suben también los alquileres.

Y todos los inquilinos que se ven en la situación de poder comprar lo están haciendo, porque esos 700 u 800 euros que ya pagan de alquiler van a seguir subiendo. Es lo que puede pasar este año otra vez.

¿El qué?

En Gijón hay unas 34.500 viviendas de alquiler. Con contratos a cinco años, se puede decir que en torno a 6.000 familias en Gijón tendrán que asumir este año, al menos, el riesgo de que los propietarios les suban el precio de sus alquileres. La medida anunciada ahora por el Presidente del Gobierno –la bonificación fiscal a propietarios que no suban sus alquileres– está bien, pero llega tarde. Los propietarios hoy buscan seguridad jurídica, saber que si alguien no les paga van a poder disponer de su vivienda y que sea el Estado quien dé otra solución habitacional. En pandemia los precios se contuvieron, pero esos contratos ahora se van renovando y puede provocar la expulsión de vecinos.

¿Y el Plan Llave o los proyectos autonómicos funcionarán?

Sí, están bien, pero lo que tenemos que entender es que necesitamos muchas viviendas, miles, y los planes de ordenación no están preparados. Falta un consenso entre todos los grupos políticos y a todos los niveles y crear vivienda asequible de una forma público-privada. Ni la administración puede solucionar sola el problema ni lo privado puede llevarlo a cabo sin ayuda. Y se necesitan acciones inmediatas y otros a medio plazo.

¿Por ejemplo?

Una inmediata es dar garantía jurídica a los propietarios para que no duden en sacar sus viviendas al mercado. A medio plazo, desarrollar planes especiales para vivienda de protección y también vivienda libre a precio tasado, que tiene menos limitaciones. Será uno de los temas a tratar el día 29 en una jornada en la Escuela de Comercio.

¿Por qué se organiza?

Nos negamos a pensar que haya gente que se tenga que marchar a vivir a otro municipio por la vivienda. Queremos reunir al mayor número posible de técnicos y expertos y que se puedan sacar conclusiones. Yo siempre me acuerdo de Fernando Couto, que fue capaz de liderar, ceder e interceder por un plan de ordenación que gustará más o menos, pero que tuvo consenso. Hoy falta un consenso político en materia de vivienda donde todos tendrán que ganar y perder alguna cosa.

¿Qué pasa con las viviendas vacías?

Los últimos datos conocidos, de 2021, dicen que hay 8.000 en Gijón. Porque hay gente que vive fuera y tiene aquí una segunda residencia o tienen previsto mudarse más adelante o lo que sea. No hablamos aquí de fondos de inversión. La mayoría de estos propietarios son familias que en su día destinaron sus ahorros a esos inmuebles. Lo que sí hay que hacer es fomentar que los propietarios que estén en disposición de sacar estas viviendas a alquiler lo hagan. Y para eso falta, de nuevo, seguridad jurídica. Eso es competencia estatal. De competencia autonómica sería el desarrollo del suelo e incentivar la colaboración público-privada para crear vivienda asequible. Y de competencia municipal sería establecer planes especiales de ordenación para tener previsiones de suelo que permitan crecer a la ciudad.

¿Pero crecer hacia dónde?

Saltando la autopista.

¿Otro Nuevo Roces?

Un Nuevo Roces, un Montevil. En su día eso permitió a muchísima gente acceder a una vivienda propia, adaptada y con garaje. Se puede hablar de rehabilitación, claro, pero en el centro son siempre rehabilitaciones puntuales. Una persona con dificultad para acceder a una hipoteca lo va a tener aún peor para, a mayores, poder permitirse una reforma.

¿Y los bajos?

Es otra solución inmediata. Pero no puede ni debe ser la única. Hoy tiene condiciones muy estrictas, más que en otras ciudades, habiendo entresuelos que por no cumplir con el mínimo de altura de 2,50, aunque tengan una altura de 2,43, se quedan vacíos. ¿Una persona preferiría en una antigua oficina adaptada como vivienda con una altura un poco menor de 2,50 o vivir en un bajo con la altura correcta? Ahí la Unión de Comerciantes, que ya ha hablado de esto, tiene razón, y también en que se deberían establecer ejes comerciales donde no se puedan destruir locales, pero sí en calles secundarias o terciarias donde hoy, por la evolución del sector, no tienen recorrido como entornos comerciales.