Observar la realidad de Asturias en este arranque de 2026 requiere una honestidad intelectual que a menudo escasea en el debate público. Si nos quedamos en la superficie de los titulares, la tentación de caer en el triunfalismo es comprensible: hemos superado la barrera psicológica del millón de habitantes y la inversión en innovación marca cifras récord. Sin embargo, bajo mi perspectiva, estos datos no deben interpretarse como una victoria final, sino como el síntoma de una metamorfosis profunda que la región no termina de asimilar. Asturias no está muriendo, como pregonan los catastrofistas, pero tampoco está renaciendo. Se está transformando, y el problema es que nuestras estructuras (mentales y administrativas) siguen diseñadas para una realidad que ya no existe.
El dato es incontestable: a 1 de octubre de 2025, Asturias alcanzó los 1.020.009 habitantes, rompiendo una tendencia histórica de declive. Pero el análisis riguroso nos obliga a diseccionar el «quién» y el «porqué». Este crecimiento, sostenido casi exclusivamente por un 12% de población nacida en el extranjero, ha maquillado un saldo vegetativo que sigue en números rojos, con tres veces más muertes que nacimientos en 2024.
El error, habitual en ciertos foros, es calificar este fenómeno de «artificial». No lo es. La inmigración es hoy el único respirador artificial de las economías occidentales envejecidas. El verdadero drama estructural no es que vengan nuevos residentes, sino nuestra incapacidad para retener el talento que formamos aquí. Mientras celebramos la llegada de mano de obra (necesaria y bienvenida), seguimos exportando a nuestros jóvenes más cualificados, cuya inversión educativa no retorna al Principado. El índice de envejecimiento del 332,2% nos alerta de que estamos sustituyendo una base laboral joven y autóctona por una población importada que, si no logramos integrar en sectores de alto valor añadido, corre el riesgo de quedar relegada a la precariedad. El reto demográfico ya no es de cantidad, es de cualificación y productividad.
Esta tensión entre lo viejo y lo nuevo cristaliza en el conflicto universitario. La autorización en octubre de 2025 para que la Universidad Nebrija y la Alfonso X El Sabio operen en Asturias ha desatado una respuesta defensiva previsible. Con una Universidad de Oviedo que ha perdido más de 10.000 alumnos en dos décadas, el temor a la «canibalización» de estudiantes es real.
Sin embargo, plantear esto como un ataque a la educación pública es un enfoque proteccionista que ignora la realidad del mercado. Si la universidad pública, motor indiscutible de nuestra investigación, se siente amenazada, la solución no es levantar muros administrativos, sino elevar su competitividad. La llegada de operadores privados debe servir de acicate para modernizar una oferta que debe aspirar a la excelencia, no al monopolio.
El verdadero riesgo no es la competencia, sino la irrelevancia. Si las nuevas universidades logran atraer alumnado de fuera de la región (y no solo redistribuir a los locales), generarán riqueza. Si la pública se centra en blindar sus privilegios en lugar de adaptar sus titulaciones a la nueva economía, perderá la batalla por incomparecencia, no por intrusismo.
Quizás el punto más crítico para nuestro futuro sea la hipertrofia de la administración. Hemos alcanzado un máximo histórico de 70.948 empleados públicos, un ratio de uno por cada 14,3 habitantes. Aquí es vital introducir un matiz técnico para no caer en la demagogia: en una región envejecida, es lógico y necesario que aumente el personal sanitario y asistencial. Nadie cuestiona la necesidad de más médicos o enfermeros para atender a esa población mayor de 65 años.
El problema reside en la «grasa» burocrática que acompaña a ese músculo necesario. Esa administración sobredimensionada se ha convertido en una máquina de generar fricción para la iniciativa privada. Resulta paradójico que, mientras la Agencia Sekuens moviliza 170 millones en inversión privada y apoyamos a más de 700 empresas innovadoras, el tejido empresarial de base sufra una volatilidad extrema, con caídas en la creación de sociedades en 2024 seguidas de repuntes inestables en 2025.
Lo que asfixia a los 1.422 emprendedores que se atrevieron a lanzar un proyecto el año pasado no son los impuestos per se, sino la inseguridad jurídica y los tiempos de respuesta de una administración que, pese a su tamaño récord, sigue siendo lenta. Tenemos un sector público del siglo XX intentando regular una economía del siglo XXI. Esa ineficiencia es el verdadero impuesto revolucionario que paga el talento en Asturias.
Asturias vive hoy una esquizofrenia económica. Por un lado, lideramos el crecimiento en inversión en innovación (+55,5% en 2024), demostrando que hay capital y voluntad. Por otro, mantenemos una resistencia cultural al cambio que roza lo patológico. La conflictividad social ante cualquier proyecto industrial o energético es un lujo que una región subsidiada no se puede permitir.
La Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER) aprobada a finales de 2024 es un paso en la dirección correcta, un intento legislativo de circunvalar nuestro propio laberinto burocrático.
Pero ninguna ley puede legislar contra una mentalidad. Si queremos que la industria verde y la tecnología sean el relevo del carbón, la sociedad asturiana debe entender que la protección ambiental no puede ser una coartada para el inmovilismo.
En 2026, Asturias se mira al espejo y ve una imagen distorsionada. No somos la región moribunda que algunos pintan, pero tampoco la potencia emergente que otros venden. Somos un territorio en transición con un potencial enorme bloqueado por sus propias contradicciones. Tenemos talento, tenemos recursos y, ahora, tenemos incluso crecimiento poblacional.
El tiempo de los diagnósticos amables se ha terminado; es hora de la cirugía estructural.
Felipe González CotoLas opiniones expresadas son del autor, no reflejan necesariamente la posición de la organización.
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