Las condiciones laborales de los trabajadores sociales
Asturias presume –con razón– de ser una comunidad de vanguardia social. La lucha por la justicia social está inscrita en su historia y en su ADN. En los últimos años, además, ha impulsado políticas que la distinguen: una estrategia contra la soledad no deseada, otra para la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, un abordaje serio de la salud mental y la mejora de las nóminas de maestros y profesores. Son avances que debemos celebrar.
Pero, en medio de los elogios, surge una pregunta incómoda: ¿por qué esas políticas no se traducen en un reconocimiento salarial justo para quienes trabajan en la primera línea de la vulnerabilidad, en especial los educadores socioeducativos del tercer sector, que desarrollan su labor en programas sostenidos y supervisados directamente por la Administración pública?
Un educador o educadora, con titulación universitaria, formación especializada, más de doce años de experiencia, jornadas cercanas a las 1.750–1.800 horas anuales y expuesto a un riesgo físico y emocional constante, percibe entre 24.735 y 26.430 euros brutos al año, según el convenio aplicable. Cuando se exige un máster oficial como requisito, la retribución puede alcanzar los 32.500 euros. El contraste resulta evidente: un maestro de la enseñanza pública con similar antigüedad supera los 36.000 euros con una jornada de unas 1.200 horas anuales, un profesor de Secundaria rebasa los 40.000 euros con unas 1.100 horas, y en la enseñanza concertada –también sostenida por el Principado– los salarios se sitúan entre 33.000 y 37.000 euros. La diferencia no es solo salarial: supone también entre 500 y 600 horas de trabajo más al año para los educadores socioeducativos, lo que agrava una brecha que alcanza hasta 11.000 euros anuales.
No es un descuido administrativo: es un mensaje social claro y doloroso. Las vidas más vulnerables parecen valer menos y, en consecuencia, quienes las acompañan también. Un mensaje insoportable en una tierra que presume de igualdad. Más aún si recordamos que estos profesionales comparten el mismo nivel académico (MECES 2/3) que los docentes de la pública o la concertada. La diferencia no está en la preparación, sino en la consideración.
Y no, el problema no es económico. Homologar los salarios de los educadores socioeducativos en Asturias costaría unos 13 millones de euros anuales, apenas el 0,3 % del gasto autonómico en educación, sanidad y servicios sociales. Lo que falla no es la tesorería, sino las prioridades políticas.
La herramienta legal ya existe: los conciertos sociales, vigentes desde 2021, permiten financiar de forma estable a las entidades del tercer sector. Asturias cuenta con referentes nacionales en innovación pedagógica y evaluación de impacto. Sin embargo, sus plantillas siguen recibiendo salarios que contradicen la igualdad que Asturias proclama
La hoja de ruta es clara y viable:
–Equiparación salarial con el resto de profesionales educativos.
–Publicación anual de un Índice de Justicia Educativa que marque la diferencia máxima aceptable entre categorías equivalentes.
–Una política de conciertos sociales que premie a las entidades que demuestran resultados tangibles en la comunidad.
No hablamos solo de cifras, sino de vidas. La intervención socioeducativa actúa antes de que la exclusión cristalice. Cada euro invertido en estos programas ahorra hasta cinco en servicios asistenciales, según la Asociación Estatal de Educadores Sociales y el Instituto Europeo de Políticas Públicas.
Pero más poderosos que los números son los rostros: personas en situación de exclusión laboral que encuentran empleo, familias que mejoran su vida, jóvenes en riesgo que se integran en la comunidad, personas con discapacidad que alcanzan una inclusión real. Historias de miedo, injusticia y vulnerabilidad que se transforman en oportunidades gracias a un acompañamiento educativo altamente cualificado.
Asturias se define como «Paraíso Natural». Soñamos también con que sea un «Paraíso Social». Lo primero es un don; lo segundo, una decisión y un compromiso.
Pero esta opción, valiente y diferenciada, implica apostar por la intervención socioeducativa avanzada como modelo, creer en la alianza real con el tercer sector y convertir lo socioeducativo en identidad, justicia social tangible y desarrollo económico –generando conocimiento exportable–.
Mientras madres y padres sigan advirtiendo a sus hijos que no se hagan socioeducadores porque «no está reconocido ni valorado», la realidad seguirá contradiciendo los discursos. La nómina, al fin y al cabo, dice más que las palabras.
No hay personas de segunda; por tanto, no pueden existir educadores de segunda. Corregir este agravio no es un favor corporativo: es una revolución ética. Una Asturias que aspira a ser modelo de igualdad no puede seguir mirando hacia otro lado. La decisión está en manos de la política. Y el momento es ahora.
Con urgencia y esperanza militante.
Adolfo Rivas
Compromiso Asturias XXI
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